La Constitución recoge en el Título IV los principios que inspiran la actuación administrativa y garantizan el sometimiento pleno de su actividad a la ley y al Derecho, y configura al Gobierno de la Nación como un órgano eminentemente político que dirige la Administración y ejerce la potestad reglamentaria.

Según nuestro ordenamiento jurídico, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

La potestad sancionadora que corresponde a las Administraciones Públicas tiene por objeto la defensa del ordenamiento jurídico frente a las infracciones cometidas por los ciudadanos.

El ejercicio de ciertos derechos requiere la autorización previa de la Administración. Dicho control se lleva a cabo a través las Licencias administrativas.

El control sobre el derecho a edificar se ejerce a través de las Licencias urbanísticas, tales como la Licencia de Obra, Licencia de Primera Ocupación o la Licencia de Reparcelación.

Nuestro despacho de abogados le presta asesoramiento tributario integral, en la presentación de declaraciones y autoliquidaciones fiscales, así como, en general, ante todo tipo de actuaciones de gestión tributaria.